El debate autonómico va a ser uno de los grandes frentes de batalla de esta legislatura. Es algo que viene determinado por el enorme poder territorial que atesora el PP desde las elecciones municipales y regionales del 28 mayo, una magnífica plataforma para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. La primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que las administraciones autonómicas discuten con la central su financiación, no defraudó estas expectativas, sino todo lo contrario. Los gobiernos regionales en manos del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo denunciaron una negociación bilateral del Gobierno con Cataluña que perjudica a las restantes, algo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega, aunque hay elementos diversos que abonan esa teoría. El hecho de que la Generalitat no acudiera a la convocatoria y adujera que ya tiene una mesa bilateral y el propio contenido de los acuerdos de investidura –que incluyen la condonación de la deuda catalana y la posibilidad de un pacto fiscal de características forales– dan pie a pensar que el trato de favor a Cataluña es algo más que un mero argumento de lucha política. También ahonda la batalla el hecho de que el Ministerio de Hacienda vaya a utilizar a las autonomías del PP para intentar que el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, no bloquee los primeros Presupuestos del Estado de la legislatura, en los que Sánchez se lo juega todo. Montero ya ha dejado ver que si no se aprueban las reglas fiscales las autonomías tendrán que ajustar a la baja sus cuentas para 2024, lo que en el caso de Andalucía se traduciría en un recorte que a Juanma Moreno le supondría más de un dolor de cabeza. En medio de tanta batalla, ha pasado casi desapercibida la única realidad tangible para Andalucía de la reunión del Consejo de Política Fiscal: la Junta recibirá en 2024 del Estado 27.937 millones de euros, 3.529 más que este año. No es poco para empezar.