UNA de las tragedias sociales que padecemos es el frenazo y el desinterés político en la construcción de viviendas sociales. A los números hay poco que oponer. En diez años la construcción de este tipo de casas han caído un 82%: hemos pasado de las 82.000 que se construían de media en 2012 a las 9.264 del año pasado. En la década de los 80 y los 90 uno de los debates más vivos en los plenos municipales tenían que ver con la construcción de vivienda pública. En 1985 se construyeron 114.067 viviendas sociales, un porcentaje que equivalía al 67% de la vivienda terminada. El desplome ha sido brutal. Pura negligencia política. Los responsables públicos están para evitar que ocurran estas cosas y para superar los obstáculos. Pero han ocurrido muchas cosas en el camino para que esa obligación de los municipios -y del Estado y las comunidades autónomas- haya pasado de ser un compromiso político a una opción. Hemos bajado desde los hechos a la retórica.

Primera ley de vivienda de la democracia

El jueves se aprobó con una cámara muy dividida -176 votos a favor y 167 en contra- la primera Ley de Vivienda de la democracia. Ya ha tardado y puede que sea insuficiente pero es el paso más serio que se ha dado en nuestro país por regular los alquileres. Además de ser una corrección al modelo neoliberal implantado con la Ley del Suelo en 1998 bajo la presidencia de Aznar. Aquella ley clasificó como urbanizable todo el suelo disponible salvo contadas excepciones. La idea era liberar suelo para rebajar el precio del mismo. Pero el efecto fue el contrario: no logró rebajar los precios sino aumentar la oferta de suelo urbanizado: se desató un modelo especulativo de mercado que, de alguna manera, estalló con la burbuja inmobiliaria y la crisis que sobrevendría diez años después. Hoy la nueva ley trabaja con una concepción de la vivienda como un derecho y un bien de primera necesidad, que debería haber sido el principio de los principios. Los votos de PSOE, UP, ERC y Bildu sacaron adelante la ley, rechazada por el resto de la Cámara, lo que anticipa futuras reformas. Y veremos si también un recorrido judicial sobre la invasión de competencias autonómicas, que tienen la potestad legislativa urbanística y que, por lo tanto, conviene recordarlo, fueron cooperadores necesarios del fiasco de la burbuja inmobiliaria.

Crisis financiera, el Estado se retira

La explicación tangible a la caída de la construcción de viviendas sociales es que a partir de 2008 y como consecuencia de la crisis financiera las políticas públicas de promoción de la vivienda disminuyeron y las que hubo no contaron con la dotación presupuestaria suficiente en los planes de vivienda, y además se eliminaron las ayudas a los constructores y promotores. Desde entonces el mercado libre es predominante, lo que implica la desprotección de las rentas más frágiles ante la oferta del mercado. Llegó un momento durante la crisis en el que las viviendas de renta libre tenían menor precio de mercado que las VPO, lo que desactivó por completo el interés de los promotores. Según el informe del Defensor del Pueblo de 2019, España está a la cola de Europa en construcción de viviendas sociales. Las consecuencias son evidentes. Pese a que la vivienda es uno de los pilares del bienestar nunca ha tenido el compromiso presupuestario de la sanidad, la educación o las pensiones.

Las razones

El sector argumenta que pese a tener leyes del suelo muy sociales y con amplias reservas de suelo para construir viviendas protegidas falla casi todo lo demás, incluyendo como factor sobrevenido el encarecimiento de los costes de construcción y los materiales, que se han disparado por encima del 25% en solo un año. Reclaman la descongelación del precio máximo al que se pueden vender las VPO (los módulos), aunque en algunas comunidades como Madrid, en tiempos de Esperanza Aguirre, se produjo un hecho aún más pernicioso: se eliminaron los topes del precio del suelo destinado a VPO pero no se eliminaron los topes del precio de venta de la vivienda protegida, lo que provocó que los números no le salieran a los promotores, que tenían que adquirir el suelo más caro para venderla al mismo precio máximo que cuando les costaba más barato.

España, una isla en el mercado de alquiler europeo

La mayor y determinante rareza del mercado de vivienda social en España es la apuesta histórica de lo público para que la vivienda social sea en propiedad, uno de los casos más agudos en toda la UE. El alquiler de viviendas sociales en España es meramente anecdótico. Sólo el 2,5% del parque inmobiliario protegido se dedica al alquiler. La media europea está en el 9,3%. La cultura de la propiedad es una de las fallas clave del sistema. Un informe de la Universidad de Comillas añade un punto de vista interesante para explicar la disonancia del modelo español con el resto de Europa. En la mayoría de países se articularon modelos de vivienda social desde comienzos del siglo XX -coincidiendo con el éxodo de la población rural a las ciudades- a través de medidas protectoras y concebido como uno de los derechos básicos de la población, mientras que en España se concibió la construcción de viviendas como impulso a la economía.

183.000 viviendas prometidas

Resulta difícil hacer la cuenta del número de viviendas que durante las últimas semanas el presidente ha prometido construir. Y también resulta difícil creer en la capacidad y la diligencia del Estado para movilizar los recursos y la gestión dinámica necesaria para llevarla a cabo. No se discute la bondad, sino las posibilidades reales del plan. Cualquier promesa a las puertas de unas elecciones está destinada a ser puesta sensatamente bajo sospecha. Lo que no se discute es la envergadura del problema. El CIS de abril ya engrasó el camino para las propuestas de vivienda: figura en el estudio como uno de los problemas más graves para el 6,7% de la población; y entre los jóvenes el dato se dispara al 21,4%. La casi imposible emancipación del hogar familiar en estas condiciones lastra el proyecto de vida de los jóvenes y tiene consecuencias socioeconómicas profundas.

Si se suman las viviendas incluidas ya en el Plan Vive nos vamos hasta 183.000 nuevas viviendas prometidas, a las que hay que sumar otras 20.000 que proyecta a través de Sepes en terrenos baldíos del Ministerio de Defensa. Pedro Sánchez ha dicho que "ahora toca cambiar el modelo", a lo que Feijóo ha respondido diciendo que es "el milagro de los panes y los pisos". Algo se mueve en todo caso: las que se financiarán con los crédito ICO de 4.000 millones procedentes de los fondos europeos tendrán que destinarse al alquiler social, tener precios asequibles o hacer cesiones al menos durante 50 años y cumplir con los estándares de eficiencia energética.

Los problemas estructurales son difíciles de resolver y cualquier plan será siempre insuficiente. Pero se necesita un primer impulso por parte de los gobiernos. Lo contrario es dejar a una parte importante de los ciudadanos en manos del mercado, voraz y cada vez más concentrado por la entrada en masa de los fondos de inversión extranjeros en la compra de parques de viviendas.