Los retrasos en el señalamiento de juicios laborales vuelven a estar de actualidad, ahora agravados por el atasco derivado de la COVID-19. El abogado Miguel Ruiz Calvo lanzó la voz de alarma hace unos días en las redes sociales: “Esto va a peor. A ver quién da más, que juzgado señala más tarde”, escribió después de contar que le han convocado un juicio por una sanción disciplinaria de suspensión de empleo y sueldo para el 17 de noviembre de 2023, dentro de más de tres años. 

Ruiz Calvo lamenta que el retraso afecta a otros organismos relacionados como el centro de Mediación CEMAC, que recientemente "no tenía ni registrado un procedimiento un mes después de haberlo presentado por registro automático".

El letrado José Antonio López Díaz añade otro dato: Hasta ahora los asuntos “menores” como las reclamaciones de cantidad acumulaban las mayores demoras, pero los juicios por despido tenían un retraso habitual de un año. Pero un juzgado Social de Sevilla le acaba de señalar la vista por un despido disciplinario para el 20 de febrero de 2023.

“La jurisdicción Social es la hermana pobre de la Justicia. En Málaga tienen más juzgados de lo Social que en Sevilla y desde 1998 hasta 2020 en Sevilla no se creó ningún juzgado nuevo”, afirma López Díaz a este periódico.

Critica lo que considera otra táctica dilatoria: en las demandas por cláusulas suelo, por ejemplo, una vez que son admitidas a trámite y contestadas, el juzgado no señala fecha para juicio.

Lo mismo sucede desde hace tiempo en Madrid: como expone Gonzalo Romero: el juzgado 101 bis de Madrid, especializado en temas hipotecarios, “tarda más de dos años en admitir una demanda a trámite” y cuando ha emitido la sentencia se produce otro atasco porque no remite los recursos a la Audiencia Provincial. “Yo tengo una demanda de 2017, con sentencia de 2019 que todavía no ha salido del juzgado”, relata.

Con ello “se está negando la tutela judicial efectiva a los consumidores  en beneficio de los bancos y se está negando el derecho a la vivienda”.

Un robo cometido en 2016 se juzgará en 2021

El abogado sevillano Sebastián Polo expone la misma situación que padece su bufete RedQualitas: “expedientes de nulidad de condiciones generales de la contratación con consumidores y cláusulas abusivas, cuya tramitación se inició en 2017, están aún en tramitación o pendientes de señalamiento de la audiencia previa”, relata a este periódico. Otra demanda de 2017 tiene la vista señalada para febrero de 2022.

Este bufete declara sufrir retrasos en todos los órdenes: en lo penal, un juicio por robo con fuerza, cuya tramitación se inició en el año 2016, tiene el juicio señalado para febrero de 2021, y un procedimiento ordinario ante la jurisdicción Social por reclamación de cantidad tiene el juicio convocado para marzo de 2023.

Otra causa sobre reconocimiento de incapacidad y sus prestaciones correspondientes, iniciada en 2018, celebrará el juicio en enero de 2021.

El abogado Julio González Escobar plantea otra “queja generalizada”: los mandamientos de devolución (por costas e indemnizaciones), que antes recibían en el plazo de dos o tres meses, están paralizados desde diciembre o enero pasado, pese a que las cantidades ya figuran en la cuenta del juzgado. Solo una parte de los Letrados de la Administración de Justicia hacen el pago mediante transferencia y el resto obligan a recogerlos en mano, se lamenta.

“Imposibilidad material de la agenda de señalamientos”

Antonio Lora Troya, director del departamento jurídico del bufete Zanca/Lora, denuncia que los retrasos afectan ya a las demandas de tutela de derechos fundamentales: un juicio por despido nulo, en el que su cliente fue despedido por razones económicas pese a estar incluido en un ERTE Covid, ha sido fijado para el año 2023. Se queja también del juzgado de cláusulas abusivas, donde “demandas de 2015 tienen el juicio para 2024”.

Este juzgado - indica Lora- les notifica que sus causas “quedan pendientes de señalar fecha para la audiencia previa, ante la imposibilidad material de la agenda de señalamientos de este juzgado”.

“Somos los profesionales los que debemos dar la cara ante el cliente por esta falta de medios de la administración de Justicia”, se lamenta.

Seis años para que el juez defina las funciones de un trabajador

El abogado Diego Villegas acumula también un rosario de  retrasos en la jurisdicción Social: “en 2023 tenemos decenas de señalamientos fijados por la práctica totalidad de los Juzgados de lo Social de Sevilla, en materias tales como despidos (ordinarios e instando la vulneración de derechos fundamentales), reclamación de que se reconozca a un trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta, reclamaciones de nóminas, sanciones, categorías profesionales o por modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

Entre ellas, por ejemplo, una demanda porque al trabajador se le obliga a realizar funciones de categoría superior, iniciada en 2018, celebrará el juicio el 18 de marzo de 2024 en el juzgado Social 1. En el juzgado Social 5, un trabajador que lleva años firmando contratos, sin que le reconozcan el carácter indefinido, tiene su juicio fijado para abril de 2024. 

Villegas lamenta la falta de recursos de la Administración de Justicia, que hace que “tengamos que trabajar con unos organismos anclados en el pasado a causa de una deficiente inversión”.

“Si bien la digitalización de la Justicia ha cobrado cierto impulso con la COVID, al tenerse que acelerar e implementar a marchas forzadas ciertas medidas telemáticas, se ha podido constatar que son ostensiblemente mejorables y en todo caso insuficientes”, afirma el abogado.

A su juicio, “basta con darse una vuelta por las sedes judiciales para apreciar que los órganos están desbordados, falta personal y faltan  juzgados, pero el ritmo de procedimientos sigue aumentado, más en tiempos de crisis”.