Informes recientes del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia del Gobierno, alertan sobre el posible uso de la inmigración ilegal como elemento de desestabilización social y llaman la atención sobre el incremento que ha tenido este fenómeno en los últimos años. El riesgo estriba en la utilización por elementos hostiles a los intereses nacionales de olas incontroladas y masivas de inmigrantes como elemento de agresión. Estos informes alertan sobre la necesidad de regular la llegada de extranjeros, asegurar que entran en España con todos los requisitos legales y que están claras las condiciones para su regularización. No es la primera vez que se encienden las luces de alerta sobre esta cuestión. Es una evidencia que la inmigración es un fenómeno con el que vamos a tener que convivir por tiempo indefinido. Va a ser un elemento imprescindible para mantener la estructura laboral y para compensar un constante descenso de la natalidad, con la consiguiente incidencia en el sistema de pensiones. Datos como el que publicaba hace unos días este periódico de que cuatro de cada diez nuevos afiliados a la Seguridad Social en Andalucía son ciudadanos extranjeros avalan esta afirmación. El incremento del empleo que registran las últimas encuestas de población activa se sustenta, en buena medida, en la incorporación de inmigrantes al mercado laboral y todo indica que esta es una tendencia que se incrementará durante los próximos años. Urge, por tanto, una regulación eficaz de este fenómeno, de forma que no pueda ser agitado por el populismo más extremista como un elemento que atemorice a la ciudadanía y que se empiece a ver como lo que es en realidad: una necesidad para que la sociedad siga funcionando. Se trata de que la inmigración sea cada vez más percibida como una oportunidad de progreso y no como un riesgo de seguridad.